Alma Cardenas 
Plataforma Informativa
PRESUNTA orden del alcalde condicionaría convenios de publicidad a la cobertura de actores políticos rumbo al proceso electoral 2026-2027
Reynosa, Tamaulipas.
JESÚS FLORES ALMAGUER
EN Reynosa, la publicidad oficial podría haber dejado de ser solamente una partida presupuestal para convertirse, según testimonios de representantes de medios locales, en una herramienta de presión sobre las redacciones.
LA versión que circula entre periodistas es contundente: medio que no acate la línea, pierde el convenio de publicidad con el Ayuntamiento.
Y si esa instrucción realmente existe, el asunto rebasa por mucho una diferencia entre funcionarios y periodistas.
Estaríamos ante un choque de fondo entre dinero público, libertad editorial y poder político.
DE acuerdo con testimonios recabados entre representantes de la prensa local, desde la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Reynosa se habría transmitido una directriz para reducir, limitar o suspender la cobertura de determinados actores políticos que comienzan a moverse rumbo al proceso electoral 2026-2027.
EL nombre que aparece en el centro de esa presunta instrucción es el de la diputada local Magaly Deandar Robinson, cuya cobertura periodística habría sido objeto de un llamado a “congelar”.
EN sentido contrario, según las mismas versiones, se habría solicitado ampliar la presencia informativa de la diputada federal Claudia Hernández y del titular de Servicios Públicos Primarios, Hugo Chávez, ambos identificados en el ámbito político local con el grupo cercano al alcalde Carlos Peña Ortiz.
LA presunta instrucción habría sido transmitida por el coordinador de Comunicación Social, Aldo Hidalgo Escalante, a quien distintas versiones señalan como el encargado de hacer llegar la línea atribuida al edil, conocido políticamente como “Makito”.
HAY que subrayarlo: hasta ahora no se ha hecho pública una instrucción escrita que compruebe estos señalamientos.
Tampoco existe, al momento, una postura oficial de los funcionarios mencionados que confirme o rechace de manera categórica la versión.
«Pero precisamente ahí está el problema»
PORQUE cuando la publicidad oficial puede significar la supervivencia económica de un medio, cualquier advertencia sobre retirar convenios deja de ser una simple recomendación editorial y puede convertirse en una forma de presión.
EL DINERO PÚBLICO COMO GARROTE
«EL dilema para los medios es evidente»
POR un lado, están las cuentas por pagar, las nóminas y la operación diaria de una empresa periodística. Por el otro, está la obligación de informar sin recibir instrucciones sobre a quién cubrir, a quién ignorar y cuánto espacio concederle a cada actor político.
CUANDO ambas cosas se mezclan, la frontera entre comunicación institucional y presión política comienza a volverse peligrosamente delgada.
LA pregunta no es si un gobierno municipal tiene derecho a contratar publicidad.
LA pregunta es otra:
¿Puede el dinero público utilizarse para premiar una cobertura periodística y castigar otra?
SI la respuesta fuera afirmativa, la pauta dejaría de funcionar como instrumento de comunicación institucional para convertirse en una palanca de control sobre las redacciones.
Y eso sí sería un asunto de interés público.
EL FACTOR ELECTORAL
LA controversia tampoco aparece en el vacío.
EL proceso electoral local ya se encuentra en el horizonte político de Tamaulipas, y los movimientos de quienes aspiran a una candidatura comienzan a adquirir mayor relevancia.
EN ese escenario, controlar ,o intentar controlar, la visibilidad mediática de determinados personajes tendría una importancia que difícilmente podría considerarse meramente administrativa.
MAGALY Deandar ha expresado públicamente su interés por competir por la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa. La definición partidista, desde luego, todavía está por resolverse.
PERO una cosa es la competencia interna de un partido y otra muy distinta que desde una administración municipal se pretenda influir sobre qué candidatos o aspirantes aparecen en los medios y cuáles deben ser relegados.
AHÍ está el verdadero punto de quiebre.
DEL DISCURSO A LOS HECHOS
HAY además un contraste que resulta difícil pasar por alto.
EN enero de 2026, el propio Ayuntamiento informó sobre un encuentro encabezado por Carlos Peña Ortiz con periodistas de la región. En aquella ocasión, con la presencia también de Aldo Hidalgo, el alcalde destacó públicamente la función de los comunicadores como parte del equilibrio democrático.
MESES después, las versiones que circulan en las redacciones plantean justamente el escenario contrario.
DE ser cierta la presunta instrucción, el mensaje sería contradictorio: por un lado se reconoce a la prensa como contrapeso democrático; por el otro, se condicionaría la publicidad oficial a la manera en que esa misma prensa ejerce su función.
Y ahí es donde la administración municipal tiene algo que aclarar.
No con discursos.
Con hechos.
QUE SE ABRA EL TELÓN
SI existe una instrucción para “congelar” a determinados actores políticos, que se documente.
SI existe una amenaza de retirar convenios publicitarios a los medios que no sigan esa línea, que se conozcan sus alcances.
SI la acusación es falsa, que los funcionarios señalados lo desmientan públicamente y sin rodeos.
PORQUE en una democracia no debería existir una moneda de cambio entre publicidad oficial y línea editorial.
LA prensa no puede convertirse en oficina de propaganda de ningún gobierno. Y los recursos públicos tampoco deberían utilizarse como premio para los medios que aplauden ni como castigo para los que preguntan.
«La disputa electoral apenas comienza»
PERO la pregunta ya está sobre la mesa:
¿Quién decide qué se publica en Reynosa: los periodistas o quienes pagan la publicidad oficial?
LA respuesta debería estar en las redacciones.
Y, sobre todo, debería estar a la vista de los ciudadanos.
PORQUE cuando el poder comienza a poner precio a la cobertura periodística, el problema deja de ser de los medios.
Es de todos.
