CORRESPONDENCIA
Reglas justas y cuentas claras
POR José Luis Castillo
UNO.- La destitución del director operativo de Tránsito de Ciudad Victoria por una presunta pérdida de confianza puede ser un mensaje político importante, pero está lejos de resolver el problema de fondo. Cambiar a un funcionario no modifica un sistema que desde hace años genera inconformidad entre los ciudadanos.
Nadie discute que los operativos de Tránsito son necesarios. Su objetivo es prevenir accidentes, hacer cumplir el reglamento y proteger vidas. Tampoco sería justo responsabilizar a todos los elementos por las malas actuaciones de algunos. El verdadero problema comienza cuando una infracción se convierte en una pesada carga económica para el ciudadano.
El aseguramiento de un vehículo desencadena una cadena de gastos que muchas veces resulta desproporcionada: el servicio de grúa, el ingreso al corralón, el cobro por estancia y otros conceptos que terminan convirtiendo una multa en un castigo económico excesivo. Ahí es donde realmente se lastima el bolsillo de las familias, y ese es un tema que exige una revisión profunda.
A ello se suma otro asunto que permanece pendiente: los parquímetros. Miles de automovilistas pagan diariamente por estacionarse, pero persiste la pregunta que nadie responde con claridad: ¿a dónde va ese dinero? La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto se recauda, cómo se administra y en qué obras o servicios públicos se invierte.
La supervisión encubierta anunciada por las autoridades puede ayudar a inhibir abusos y mejorar el comportamiento de los agentes, pero será insuficiente si no se revisa todo el esquema de sanciones, los costos asociados al traslado y resguardo de vehículos, así como el destino de los recursos que generan tanto las multas como los parquímetros.
La confianza ciudadana no se recupera únicamente con destituciones. Se reconstruye con transparencia, reglas justas y cuentas claras. Ese es el verdadero reto que tienen hoy las autoridades municipales.
DOS.- La firma del convenio para el Fortalecimiento del Servicio Público entre la Secretaría de Economía y las principales instituciones de educación superior del país es el reconocimiento de que las universidades son actores estratégicos en la formación del capital humano que requiere México para enfrentar los retos de una administración pública moderna y eficiente.
En ese escenario, la presencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas adquiere un significado especial. La incorporación de la UAT a esta alianza nacional confirma que la institución ha logrado posicionarse en espacios donde antes predominaban universidades con una larga tradición de presencia nacional, lo que habla de un trabajo constante de vinculación y fortalecimiento académico en la UAT.
La participación del rector Dámaso Anaya Alvarado no fue solamente testimonial. Su exposición sobre la educación dual y la formación técnica dejó en claro una visión que busca conectar las aulas con las necesidades reales del sector público y productivo. Se trata de una propuesta que privilegia la experiencia práctica, la innovación y la formación de profesionistas preparados para responder a los desafíos del presente.
Estos resultados reflejan una gestión que ha impulsado la vinculación institucional, la apertura de nuevos espacios de colaboración y el fortalecimiento de la presencia de la UAT en la agenda educativa nacional. Importante destacar que la universidad ha dejado de mirar únicamente hacia el ámbito regional para convertirse en un interlocutor con las principales instituciones académicas y con el propio Gobierno de México.
TRES.- La renovación de la dirigencia de la Sección 30 del SNTE será una prueba para la vida democrática del sindicalismo magisterial en Tamaulipas. No se trata únicamente de elegir nuevos liderazgos, sino de demostrar que los tiempos de las imposiciones, las presiones y las decisiones tomadas desde la cúpula realmente han quedado atrás.
El llamado que hizo de Naif Hamsho y Abelardo Ibarra a construir un proyecto de unidad desde las bases resulta significativo. Su planteamiento de recorrer el estado, escuchar a maestros en activo, jubilados y personal de apoyo envía un mensaje distinto al de las candidaturas construidas desde un escritorio o impulsadas por grupos de poder.
Si, como han denunciado diversos actores del magisterio en distintos momentos, existen intentos de intimidación, amenazas o presiones para desalentar la participación de quienes piensan diferente, esas prácticas deben ser desterradas. Ningún sindicato fortalece su legitimidad cuando el miedo sustituye al debate o cuando la estructura se utiliza para favorecer intereses particulares.
La invitación de Naif Hamsho y Abelardo Ibarra no fue a la confrontación, sino a la suma. Incluso convocaron a quienes hoy forman parte de la dirigencia sindical a incorporarse a un proyecto dw unidad magisterial donde prevalezca el diálogo y el interés colectivo por encima de las diferencias personales o de grupo. Esa apertura merece ser atendida con la misma disposición.
La Sección 30 necesita un proceso interno donde prevalezca la libertad de expresión, el respeto a la pluralidad y el voto consciente de los trabajadores. La fortaleza de un sindicato no radica en la capacidad de controlar a sus agremiados, sino en la confianza que estos depositan en sus dirigentes.
Si el objetivo es fortalecer al SNTE, porque simplemente ya nadie cree en su dirigencia, el camino no puede ser la descalificación ni las presiones. La unidad auténtica solo será posible cuando todos los maestros tengan la certeza de que pueden participar, opinar y decidir sin temor a represalias. Ese sería el mejor mensaje para un magisterio que demanda representación, transparencia y una dirigencia que responda verdaderamente a sus bases.
