*Brigada del IDPET brinda atención jurídica a adultos mayores en el CEDES*

Agosto 22 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Garantizar el acceso efectivo a la justicia y brindar acompañamiento jurídico a los sectores prioritarios es una tarea permanente del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET), que, en el marco del Día del Adulto Mayor, realizó una brigada especializada en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria.

La jornada fue encabezada por la directora general del IDPET, Roxana Guerrero Galván, acompañada por el director de Defensorías, el coordinador regional, así como por un equipo de defensoras y defensores públicos adscritos a la capital del estado, quienes realizaron una revisión puntual de la situación jurídica de las personas adultas mayores privadas de la libertad.

Como parte de esta intervención, el equipo jurídico brindó atención personalizada a 30 personas adultas mayores que ya contaban con representación institucional, dando seguimiento al estado procesal de sus expedientes y verificando que sus derechos fueran salvaguardados conforme al debido proceso.

Además, durante la brigada se integraron seis nuevos casos para iniciar su defensa y seguimiento jurídico, ampliando con ello la cobertura de los servicios de defensoría pública dentro del centro penitenciario.

Estas acciones responden a la visión humanista del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado políticas orientadas a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y una atención institucional cercana a los sectores que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

Guerrero Galván destacó que la defensa jurídica de las personas adultas mayores privadas de la libertad representa una responsabilidad legal y humana, por lo que el Instituto mantiene una presencia constante para garantizar que ninguna persona quede sin representación técnica.

“Para el Instituto, garantizar la defensa jurídica de las personas adultas mayores privadas de la libertad es un deber moral y legal. Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso de mantener una presencia constante en los centros de justicia, asegurando que la edad o la situación procesal no sean impedimentos para recibir una representación técnica de excelencia, transparente y verdaderamente humana”, afirmó.

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